En los últimos 5 años, se han adjudicado en Asturias 2.056 viviendas públicas, con una inversión de 5,4 millones de euros. Estos datos sólo pueden ser posibles gracias a un efectivo mecanismo de adjudicación de vivienda, cuyas claves del éxito son las siguientes:

• Una eficaz coordinación interadministrativa: gracias a la creación del Grupo de Trabajo Permanente en materia de Vivienda Pública (en adelante GTVP), en el que están representados los 78 municipios asturianos, distribuidos de las siguiente manera: los 7 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes; 8 ayuntamientos representando a las 8 áreas geográficas en las que se divide Asturias desde un punto de vista de Servicios Sociales; 8 personas de los equipos territoriales de los servicios sociales del Principado de Asturias; 7 personas de la Dirección General de Vivienda (DGV, Consejería de Derechos Sociales y Bienestar), y 4 personas de VIPASA, ente instrumental para la gestión de la vivienda pública.

• Un sistema de reparación de viviendas vacantes rápido y planificado. Sistema que ha sido reforzado a partir de julio de 2018, con la entrada en vigor del acuerdo marco para el mantenimiento y reparación del parque público de vivienda. Tiene, entre otras, dos ventajas principales:

- Reduce a prácticamente a la rotación natural el número de viviendas vacantes en el territorio, lo que supone optimizar al máximo los activos de vivienda pública.

- Tiene en cuenta el perfil de los demandantes de vivienda en cada uno de los ayuntamientos, por lo que se reparan viviendas que responden a necesidades concretas, y que serán rápidamente adjudicadas a los demandantes propuestos por los ayuntamientos.

• Un proceso de evaluación de resultados que permite la revisión y mejora continua del sistema de adjudicación, y facilita la puesta en marcha de iniciativas y medidas innovadoras.

• Un amplio parque público en alquiler, de 9.542 viviendas. El Principado de Asturias es la segunda comunidad autónoma con más vivienda pública social en alquiler por habitante, con un ratio de 9,5 por cada 1.000 habitantes.

Modelo de intervención.

El sistema de adjudicación de vivienda del Principado de Asturias viene regulado en el decreto 25/2013, que garantiza el acceso a vivienda por parte de aquellos colectivos con más necesidad, dejando un amplio margen para su aplicación y la coordinación entre los distintos agentes implicados (administración regional y ayuntamientos, principalmente). Este decreto supuso un avance en términos de adaptación del sistema de adjudicación de vivienda a un contexto de enorme dificultad para determinados colectivos. Sin embargo, en su aplicación práctica, una escasa coordinación y planificación, así como la falta de visión integral de la política de vivienda, dificultó la consecución de resultados realmente efectivos, y generó cierto descontento entre los potenciales inquilinos e inquilinas.

El modelo de trabajo diseñado a partir de la creación del GTVP funciona de la siguiente manera. Este grupo se reúne tres veces al año. A principios de año se celebra la primera reunión, en la que se establecen los objetivos de reparación de viviendas vacantes en cada municipio, en función de la demanda existente, una demanda que se conoce gracias al Programa de Acceso a Vivienda Pública, que los ayuntamientos han tenido que elaborar. Este programa contempla la priorización de determinados colectivos, en función de las necesidades de vivienda de cada municipio. Mes a mes, VIPASA hace llegar a cada ayuntamiento las viviendas vacantes en sus municipios, y con esta información, y en función de su demanda, cada ayuntamiento comunica a la DGV las viviendas que necesitarían ser reparadas para su adjudicación inmediata. Así, la DGV indica a VIPASA las viviendas a reparar en cada municipio.

En la segunda reunión se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos. En la última reunión se hace un balance del resultado, y se analizan los motivos de las desviaciones.

El control y seguimiento de las desviaciones, a su vez, obliga al ente instrumental (VIPASA) a una coordinación sistemática con las 13 empresas proveedoras del servicio de mantenimiento y reparación del parque en toda la geografía asturiana. A través de reuniones trimestrales con ellas, VIPASA controla el cumplimiento de plazos de reparación, e identifica las principales barreras de estas empresas en el ejercicio de su actividad. VIPASA también debe hacer el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas sociales. Entre estas, destaca la cláusula relativa a la realización de talleres de reparaciones comunes en la vivienda, dirigidos a inquilinos del parque. Se han beneficiado hasta el momento 115 personas de estos talleres.

En paralelo, las reuniones del GTVP sirven para coordinar otro tipo de iniciativas entre ayuntamientos, la DGV y la propia VIPASA, que, manteniendo la vivienda como eje, generan innovaciones en la forma de abordar determinados problemas sociales, segmentando soluciones y servicios diferentes en función de la necesidad a resolver. Entre las principales iniciativas generadas a partir de la constitución del GTVP, destacan las siguientes:

• Coordinación con los Servicios Sociales de los ayuntamientos y VIPASA para atajar los impagos, a través del denominado Protocolo de impagos. Un protocolo que permite atajar la deuda en origen, a través de un esfuerzo compartido entre VIPASA y los propios Servicios Sociales de los distintos ayuntamientos.

• Desarrollo de iniciativas para colectivos específicos, como Housing First, en colaboración con los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés y El Franco, que benefician actualmente a 32 personas repartidas en 31 viviendas públicas.

• Programa de Mediación comunitaria, a través del cual se está interviniendo en 8 comunidades (Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo) que presentaban distintos grados de conflictividad vecinal, y que en su conjunto afectan a 827 viviendas. La evaluación realizada a finales de 2019 arroja como principal resultado un aumento del 66% en la percepción positiva de la convivencia.

• Concurso de Buenas Prácticas en Vivienda: convocado por primera vez en septiembre de 2017, ya va por su tercera edición, con un total de 15 candidaturas presentadas.

Principales resultados en términos cuantitativos y cualitativos.

Los principales resultados en términos cuantitativos son los siguientes:

- 2.056 viviendas adjudicadas en cinco años

- Cerca de 5.000 personas beneficiadas.

- 5,4 millones de euros invertidos en la reparación de 1.947 viviendas vacantes, para su adjudicación.

- Reducción del tiempo de adjudicación de la vivienda, ya que actualmente, la media desde que se recibe la propuesta de adjudicación por parte del ayuntamiento, hasta que se adjudica la vivienda es de 5,70 días.

- Reducción del número de viviendas vacantes a final de año, que han pasado de 230 en 2016, a 145 en 2018, o 177 en 2019

Los resultados en términos cualitativos son los siguientes:

• Una coordinación más eficaz entre los agentes implicados en la gestión de vivienda pública, que mejora el proceso de adjudicación de vivienda a la ciudadanía, reduciendo tiempos de espera, y reparando viviendas en función de la demanda.

• Una mejor conexión entre la oferta de vivienda y las expectativas de los potenciales inquilinos, que a tenor de los colectivos que se priorizan, conocen de antemano en qué medida pueden acceder a vivienda pública, lo que genera una mayor satisfacción con el sistema.

• Una mayor transparencia, al disponer las distintas administraciones de la información necesaria para una buena planificación y gestión.

• Un cambio cultural en la manera de entender la política de vivienda por parte de ayuntamientos, administración regional y ente instrumental, dotándola de una mayor planificación, coherencia, consistencia, visión integral y transversalidad.

• La visibilización de la política de vivienda, como eje central de vertebración e inclusión social, así como el refrendo del derecho a la vivienda.