El sistema de adjudicación de vivienda del Principado de Asturias viene regulado en el decreto 25/2013. El decreto garantiza el acceso a vivienda por parte de aquellos colectivos con más necesidad, dejando un amplio margen para su aplicación y la coordinación entre los distintos agentes implicados (administración regional y ayuntamientos, principalmente). Un decreto que supuso un avance en términos de adaptación del sistema de adjudicación de vivienda a un contexto de enorme dificultad para determinados colectivos. Sin embargo, en su aplicación práctica, una escasa coordinación y planificación, así como la falta de visión integral de la política de vivienda , dificultó la consecución de resultados realmente efectivos, y generó cierto descontento entre los potenciales inquilinos e inquilinas.

A partir de segundo semestre de 2015, la aplicación práctica del sistema de adjudicación de vivienda sufrió una profunda transformación. Una transformación que tiene que ver, en primer lugar, con la consideración de la vivienda como eje central de la inclusión y vertebración social. Y por otro, con la incorporación de criterios de gestión, planificación, coordinación, seguimiento y evaluación.

En este sentido, a finales de 2015 la Dirección General de Vivienda (en adelante DGV) crea el grupo de Trabajo Permanente en materia de vivienda pública (en adelante GTVP). En este grupo, que se reúne 3 veces al año, están representados los 78 municipios asturianos, distribuidos de las siguiente manera: los 7 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes; 8 ayuntamientos representando a las 8 áreas geográficas en las que se divide Asturias desde un punto de vista de Servicios Sociales; 8 personas de los equipos territoriales de los servicios sociales del Principado de Asturias; 7 personas de la Dirección General de Vivienda, y 4 personas de VIPASA, ente instrumental para la gestión de la vivienda pública.

Este Grupo se crea con tres objetivos principales. En primer lugar, concienciar a los representantes de los distintos ayuntamientos sobre la necesidad de considerar la vivienda como un aspecto esencial de la política social, que requiere una visión integral y transversal; en segundo lugar, desarrollar un sistema de adjudicación más ágil, más participativo y más adecuado a las expectativas de los potenciales inquilinos, principalmente a través de una coordinación eficaz entre la administración regional, local y VIPASA (ente instrumental de gestión). Por último, disponer de un grupo estable de intercambio de ideas y experiencias comunes, que facilite la generación de iniciativas innovadoras en el ámbito de la gestión de vivienda pública.

Modelo de intervención.

El modelo de trabajo diseñado a partir de la creación del GTVP funciona de la siguiente manera. A principios de año se celebra la primera reunión, en la que se establecen los objetivos de reparación de viviendas vacantes en cada municipio, en función de la demanda existente, una demanda que se conoce gracias al Programa de Acceso a Vivienda Pública, que los ayuntamientos han tenido que elaborar. Este programa, que cumple con los requisitos del decreto 25/2013, contempla la priorización de determinados colectivos, en función de las necesidades de vivienda de cada municipio. Mes a mes, VIPASA hace llegar a cada ayuntamiento las viviendas vacantes en sus municipios, y con esta información, y en función de su demanda, cada ayuntamiento comunica a la DGV las viviendas que necesitarían ser reparadas para su adjudicación inmediata. Así, la DGV indica a VIPASA las viviendas a reparar en cada municipio. En 2017 se repararon 565 viviendas por este sistema.

En la segunda reunión se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos. En la última reunión se hace un balance del resultado, y se analizan los motivos de las desviaciones.

El control y seguimiento de las desviaciones, a su vez, obliga al ente instrumental (VIPASA) a una coordinación sistemática con las empresas proveedoras del servicio de mantenimiento y reparación del parque. A través de reuniones trimestrales con ellas, VIPASA controla el cumplimiento de plazos de reparación, e identifica las principales barreras de estas empresas en el ejercicio de su actividad. Estas barreras son analizadas por el equipo técnico/directivo de VIPASA, que posteriormente, y una vez consensuadas con las empresas, tratan de minimizarse, incorporando en pliegos de contratación sucesivos unas condiciones más favorables para ambas partes en los aspectos que han sido acordados. Además, también VIPASA recoge en los pliegos la coherencia con esa visión integral y transversal de la política de vivienda, con la introducción de cláusulas sociales que buscan una sinergia con las actividades que se describen más adelante. Esta dinámica ha permitido, por ejemplo, pasar en este tiempo de los tradicionales pliegos, muy rígidos en su aplicación, a un acuerdo marco, mucho más flexible; de unas cláusulas sociales estándar, a unas cláusulas en las que se implica a las empresas proveedoras en los proyectos sociales que surgen del GTVP- por ejemplo, puntuando el compromiso de estas empresas para la impartición de talleres formativos y de sensibilización a inquilinos del parque sobre aspectos relacionados con mantenimiento de la vivienda-; de lotes estrictamente geográficos, a la combinación de lotes geográficos y de tipo de servicio, etc. en definitiva, se produce una innovación importante en el marco de relación con las empresas proveedoras y en la manera de contratar.

En paralelo, las reuniones del GTVP sirven para coordinar otro tipo de iniciativas entre ayuntamientos, DGV y la propia VIPASA, que, manteniendo la vivienda como eje, generan innovaciones en la forma de abordar determinados problemas sociales, segmentando soluciones y servicios diferentes en función de la necesidad a resolver. Entre las principales iniciativas generadas a partir de la constitución del GTVP, destacan las siguientes:

• Diseño y puesta en marcha del protocolo de impagos: basado en una colaboración eficaz entre ayuntamientos, VIPASA y DGV, el protocolo de impagos representa una acción coordinada y coherente por parte de las distintas Administraciones Públicas que permita garantizar la adecuación de las condiciones económicas de los contratos de arrendamiento en viviendas del parque público, y evitar la cronificación de los impagos. Desde su puesta en práctica, en marzo de 2017, se han realizado 100 valoraciones sociales siguiendo los criterios de este protocolo. Esta actuación se describe detalladamente en el punto de estrategias contra la morosidad.

• Constitución de mesas interdisciplinares para resolver conflictos vecinales del parque público. Estas mesas (actualmente 3 en marcha: barrio de Santullano-proyecto ganador del 2º premio en el concurso de buenas prácticas en vivienda del Principado de Asturias; barrio de Colloto; barrio de La Corredoria) tienen como objetivo implicar a distintos agentes que de una forma u otra pueden contribuir a solucionar, y sobre todo, prevenir, determinados situaciones vecinales conflictivas. En estas mesas participan concejalías municipales, policía local, guardia civil, representantes de centros educativos, asociaciones vecinales, VIPASA, DGV, ONG´s. Por ejemplo, en el barrio de Santullano se organizaron talleres formativos e informativos con vecinos, se impulsó la celebración de una jornada de convivencia, se planificaron mejoras en elementos comunes de las viviendas, se realizaron acciones coordinadas entre instituto y servicios sociales municipales para prevenir el absentismo escolar en el barrio, etc.

• Desarrollo de iniciativas para colectivos específicos: Housing First, en colaboración con los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, que benefician actualmente a 14 personas con las que se ha suscrito un contrato de arrendamiento de vivienda. La previsión es extenderlo durante el presente año a 25. Asimismo, se acaba de poner en marcha un programa con jóvenes extutelados, convirtiéndolos en inquilinos del parque público a través de la firma de un contrato con las personas beneficiarias. En colaboración con el Servicio de Salud Mental se desarrolla una iniciativa de preparación a la vida independiente en el ámbito rural con personas provenientes de este servicio. Actualmente se está diseñando un programa de actuación con personas exreclusas.

• Programa piloto de intermediación comunitaria en el municipio de Siero: en una comunidad formada por 65 viviendas distribuidas en 6 portales, y con una elevada conflictividad, se desarrolla una iniciativa en colaboración con una ONG, ofreciendo acompañamiento socioeducativo con las familias que así lo precisen. Al mismo tiempo, facilita mediante talleres y charlas, la sensibilización y formación de los inquilinos para un mejor uso de sus viviendas y zonas comunes. El éxito de esta iniciativa, que ha conseguido transformar no sólo la percepción de los inquilinos, sino también el cuidado de los elementos comunes, ha hecho que durante el 2018 se escale a otra serie de comunidades de vecinos en situaciones similares.

• Impulso del programa de Fomento del Parque Público de Alquiler, al que se suscribieron 4 municipios en 2017, con actuaciones de rehabilitación de edificios ya existentes en desuso.

• Primer Concurso de Buenas Prácticas en Vivienda: convocado en septiembre de 2017, su finalidad es visibilizar, reconocer y compartir, en el marco del GGTV, el mayor número posible de ideas, programas, proyectos, buenas prácticas, etc. que se desarrollan en Asturias, con el objetivo de identificar las mejores soluciones a buena parte de los retos que se plantean en materia de vivienda social. El día 14 de marzo de 2018 fueron entregados los premios a las candidaturas ganadoras.

Por último, al menos una vez al año se invita a personas con proyectos de interés, o expertos, para exponer sus buenas prácticas, lo cual convierte al GTVP en un foro de intercambio de experiencias.

Principales resultados

En apenas dos años y medio, el principal resultado de este sistema es, sin duda, la toma de conciencia sobre la vivienda como eje de inclusión y vertebración social, que, lejos de una aproximación parcial, requiere de una visión integral y transversal. Una visión que sabe dar una respuesta adecuada a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos en materia de vivienda, dotándola de una lógica de intervención coherente y consistente. Este resultado se concreta en otros resultados más operativos, entre los que cabe destacar:

• Una coordinación más eficaz entre los agentes implicados en la gestión de vivienda pública, que mejora el proceso de adjudicación de vivienda a la ciudadanía, reduciendo tiempos de espera, y reparando viviendas en función de la demanda.

• Una mejor conexión entre la oferta de vivienda y las expectativas de los potenciales inquilinos, que a tenor de los colectivos que se priorizan, conocen de antemano en qué medida pueden acceder a vivienda pública, lo que genera una mayor satisfacción con el sistema.

• Una mayor adecuación entre la oferta y la demanda de vivienda, y un mayor conocimiento por parte de los ayuntamientos sobre las necesidades de vivienda de sus municipios.

• Una mayor transparencia, al disponer las distintas administraciones de la información necesaria para una buena planificación y gestión.

• Un cambio cultural en la manera de entender la política de vivienda por parte de ayuntamientos, administración regional y ente instrumental, dotándola de una mayor planificación, coherencia, consistencia, visión integral y transversalidad.

• La visibilización de la política de vivienda, como eje central de vertebración e inclusión social.

• La generación de innovación en distintos niveles. El propio sistema actual de adjudicación de vivienda, basado en la coordinación que representa el GTVP, las iniciativas innovadoras para hacer frente a distintos problemas sociales, que tiene como denominador común la vivienda; y la innovación en la manera de contratar a las empresas proveedoras.