La crisis económica juntamente con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha agravado la situación de una parte importante de la ciudadanía que, por pertenecer a un colectivo vulnerable o por disponer de escasos ingresos, ven como el poder acceder a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades y a su disponibilidad económica es una tarea muy complicada.

Como dice la Ley 5/2018 de Vivienda de las Islas Baleares la delicada situación que atraviesa una parte de la sociedad, junto con otros factores como el incremento desmesurado del precio de los alquileres, consecuencia directa de la especulación inmobiliaria, la falta de implicación de la administración en la ampliación del parque público de vivienda y la disminución de los ingresos de las familias, han provocado la denominada situación de emergencia de vivienda, por la que muchas personas y familias que disfrutaban de una vivienda la han dejado de tener.

Las administraciones son responsables de facilitar a la ciudadanía, sobre todo, a esos sectores más vulnerables, el acceso a una vivienda.

Para ello, es evidente que es necesario incrementar el parque público de vivienda pero la actuación de la administración no se puede limitar a eso. Es necesario intensificar esfuerzos en nuevas líneas de actuación.

Se debe poner el acento en optimizar los recursos públicos de vivienda ya existente. La administración está obligada a velar por el buen uso de un recurso tan escaso, a día de hoy, como es la vivienda pública y ofrecer a las personas inquilinas las herramientas necesarias para poder disfrutar de una vivienda digna y económicamente sostenible y tener la información suficiente para poder hacer un buen uso de la misma.

La Agenda 2030 recoge como undécimo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) el lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y prevé como meta primera el asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

Desde el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) nos planteamos el reto de contribuir con nuestro trabajo a reducir la emergencia habitacional e intensificamos los esfuerzos en llevar a cabo una óptima gestión social del parque público de vivienda en alquiler ya existente.

Para ello se han establecido CUATRO METAS:

1. Garantizar una vivienda asequible y energéticamente eficiente.

2. Fomentar la relación horizontal con las personas inquilinas.

3. Eliminar el abuso en la vivienda pública.

4. Eficiencia en la adjudicación y garantía de rotación.